CPI, Estado palestino y ultimátum en su gabinete

Benjamin Netanyahu ha ido acumulando desgaste desde que Hamás atacó Israel el 7 de octubre pasado, con agujeros de seguridad y avisos sobre lo que podía pasar que desoyó, con una actuación lenta, con la ofensiva inmediata que lanzó sobre Gaza, que ya acumula más de 35.000 muertos y que aún no ha logrado acabar con los islamistas. Su popularidad está por los suelos y sólo un 15% de los ciudadanos quiere que siga como primer ministro. 

Ahora ha añadido que el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI) solicita una orden de arresto contra él por presuntos crímenes de guerra, que tres países europeos anuncian el reconocimiento del Estado palestino y que miembros clave de su gabinete critican su falta de estrategia en la franja y hasta le dan un ultimátum para que actúe. Una septimana horribilis, parafraseando a Isabel II, con consecuencias aún por ver. 

Netanyahu nunca será juzgado en La Haya, pero el paso dado el pasado lunes por Karim Khan, el fiscal jefe de la CPI, es poderosamente simbólico. Ha pedido que se emitan órdenes internacionales de detención contra Netanyahu y su ministro de Defensa, Yoav Galant, por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. También, por los mismos motivos, las reclama contra tres de los principales dirigentes de Hamás: Yahya Sinwar, jefe del Movimiento de Resistencia Islámico en Gaza; Mohammed Deif, instigador del atentado del 7 de octubre como líder de las Brigadas Al Qassam, e Ismail Haniyeh, jefe político de Hamás, que vive en Qatar. 

Ahora un panel de jueces debe decidir si lanza esas órdenes, un proceso que puede llevar meses, si no años, y que pondría al mandatario del Likud en una lista poco gloriosa en la que está, por ejemplo, Vladimir Putin. Israel no ha firmado el Estatuto de Roma, por lo que no reconoce al tribunal internacional, de ahí que, en el caso de que se concreten, no se verá obligado a detener a Netanyahu y Galant. Sin embargo, sí están forzados a ello los 124 estados signatarios, por lo que se les acabaría la posibilidad de viajar a estos países, porque podrían ser arrestados. Estados Unidos, el gran garante de Israel, tampoco reconoce la CPI, sería su clavo ardiendo, pero perderían la opción de estar en multitud de países aliados de Occidente. 

Pero aunque nunca acabe detenido, para Netanyahu esta petición es un golpe personal que, además, afecta a la imagen de su país, porque hay se ha planteado una “equivalencia jurídica y moral” con los terroristas de Hamás, como escribe en Haaretz en analista Anshel Pfeffer. El fiscal Khan pone el foco en la estrategia política, y no en los generales, a la hora de hablar de “crímenes desmedidos”, desde el uso del hambre como arma de guerra, el asesinato, el exterminio y los ataques intencionales a civiles. Habla de “causar intencionadamente muerte, hambruna, gran sufrimiento y lesiones graves” a civiles palestinos. 

Netanyahu ha comparecido, visiblemente tenso, denunciando que el fiscal ha acometido “un ultraje moral de proporciones históricas” con su reclamación, cuando él está “librando una guerra justa contra Hamás, una organización terrorista genocida, que perpetró el peor ataque contra el pueblo judío desde el Holocausto”. Ataca personalmente a al británico Khan, “uno de los grandes antisemitas de los tiempos modernos”, al que compara con los jueces de la Alemania nazi que permitieron la Shoa y negaron todo derecho a los judíos. Dice que con sus conclusiones “echa gasolina cruelmente” a la persecución avivada a quien profese el judaísmo, pese a que no hay referencia alguna a religión alguna en todo el documento del fiscal. De hecho, intenta no comparar a los políticos israelíes con los cabecillas de Hamás, sólo enumera presuntos delitos. 

Khan, con un lenguaje muy medido, justifica su petición en que hay que aplicar la justicia internacional a todos los conflictos. “Ningún soldado de infantería, ningún comandante, ningún líder civil puede actuar con impunidad”, dice. Aplicar las normas de forma selectiva crearía condiciones para el “colapso” de un sistema justo. ONG israelíes llevaban décadas reclamando rendición de cuentas parte de sus dirigentes respecto a la violencia contra los palestinos. Por ejemplo, B’Tselem sostiene que “la era de la impunidad para los responsables de la toma de decisiones israelíes ha terminado”, pese a que sea a costa de asumir el “abismo moral” de sus políticos. 

El presidente norteamericano Joe Biden sostiene que no es esa la vía de asumir supuestas responsabilidades, que la petición de la CPI es “indignante” y no hay genocidio en Gaza -un debate que se lleva en otra causa aparte, impulsada por Sudáfrica en el mismo tribunal-. Defiende EEUU que Israel, internamente, ya está investigando lo que pueda haber hecho mal en Gaza y en esos procesos confía, pero es claramente improbable que se condene desde dentro a un primer ministro, un titular de Defensa o un jefe de Estado Mayor. El fiscal ha visto motivos suficientes para dar el paso e impedir, de paso, que el tiempo corra y se pierdan posibles pruebas. 

Pero hay más: el viernes, fue la Corte Internacional de Justicia (CIJ), también la La Haya, la que exigió a Israel “detener de inmediato su ofensiva militar” en Rafah, la ciudad del sur de Gaza donde ahora centra su operación. Debe ser así, dicen los jueces, para evitar “la destrucción física total o parcial” de los palestinos de Gaza como grupo protegido por la Convención sobre el Genocidio, y le ordenó garantizar el acceso de misiones de expertos para investigar denuncias de genocidio.

La CIJ advirtió de que “los valores fundamentales” y los “derechos” de los palestinos que la Convención “busca proteger” son de “tal naturaleza que el perjuicio a ellos es capaz de causar un daño irreparable a esa población, y consideró que hay “urgencia” y “riesgo real e inminente” de que ocurra tal perjuicio. Esto obliga al tribunal a emitir medidas cautelares, además, que la comunidad internacional entiende de obligado cumplimiento. 

“Israel debe detener de inmediato su ofensiva militar, y cualquier otra acción en la gobernación de Rafah, que pueda imponer al grupo palestino en Gaza condiciones de vida que puedan llevar a su destrucción física total o parcial”, anunció el presidente de la CIJ, Nawaf Salam, al leer la decisión, alcanzada por 13 votos a favor y dos en contra del total de 15 jueces.

Además, el alto tribunal ordenó a las autoridades israelíes “tomar medidas efectivas para asegurar el acceso sin impedimentos” a toda la Franja de “cualquier comisión de investigación, misión de determinación de hechos u otro organismo investigador” bajo órdenes de los órganos competentes de la ONU “para investigar las denuncias de genocidio”. Tel Aviv, por ahora, no tiene intención de obedecer, aunque en este proceso mandó a La Haya a sus representantes, esto, dio legitimidad a la corte. Doble y duro revés en Países Bajos para Netanyahu. 

¿Una tierra sin pueblo?

Para acabar de indignar a Tel Aviv, la declaración del fiscal Khan se refiere a Palestina, además, como un estado, un igual a Israel. Y es que, no siendo Tel Aviv firmante del tribunal, el proceso se ha podido emprender porque Palestina está reconocida desde 2012 como estado observador, no miembro, de la ONU, y firmó el Estatuto de Roma. En realidad, lleva pidiendo que se investigue a mandatarios de Israel desde 2021; el Estado en sí no puede ser procesado porque esta corte sólo investiga a individuos. 

Que se respete a Palestina como país ofende a Netanyahu. “No habrá estado palestino”, repite el mismo político que ha estado años diciendo, para contentar a Washington, que acataba esta salida al conflicto. Esta semana, uno de sus disgustos mayores ha sido que España, Irlanda y Noruega han anunciado que reconocerán plenamente a Palestina el 28 de mayo. “Por justicia, por coherencia y por la paz”, en palabras del presidente español, Pedro Sánchez. 

Con Gaza destrozada y Cisjordania en llamas, un país propio seguro y en paz parece más lejos que nunca, y en la práctica lo es, porque hay incontables obstáculos que superar pero, aún aún, el paso dado por el trío europeo tienen un formidable simbolismo y peso político: avalan al maltrecho Gobierno palestino como interlocutor válido, un igual; respaldan sus reclamaciones territoriales, bajo las fronteras reconocidas por sucesivas resoluciones de la ONU; aportan coherencia a su mensaje de que sólo la vía política acabará con el conflicto entre palestinos e israelíes; presionan a otros estados occidentales para que también se sumen a esta legitimización y demuestra, a las claras, la frustración con Israel y su gabinete, sustentado por ultras. 

Netanyahu y EEUU, además de aliados europeos como Alemania, siguen aferrados a otra lectura: que reconocer el Estado palestino es alentar a Hamás, ponerle una medalla, constatar que el terror logra cosas, alejar un proceso negociador formal -que lleva en el limbo diez años, por otro lado-. Pero ese mensaje monolítico entre los países que aún no reconocen a Palestina (pocos, lo hacen 139 de 193), va teniendo grietas. Francia dice ahora que “no es un tabú” hablar de ello y Reino Unido, que hay que darle “un horizonte de futuro hacia un futuro mejor, el de tener un Estado propio”. 

Eso demuestra que algo se mueve y eso incomoda a Netanyahu. Hasta ahora, la lectura de quienes no asumían el Estado palestino era que la ANP se tenía que ganar el estado en la mesa de negociaciones, siempre arrastrando los años pasados de violencia, pese a que el reconocimiento por su parte del estado de Israel es pleno. La ocupación actual nunca ha pesado igual a la hora de negociar, con Washington de mediador parcial. Pero ahora la fiereza vista en Gaza, el dolor gigantesco de su población, hace que algunas naciones se inclinen por este gesto, reclamado además internamente, bien por corrientes de izquierda, bien por movimientos como el de las acampadas universitarias. 

Lejos queda aún, para tranquilidad del Gobierno de Tel Aviv, un movimiento firme en los Ejecutivos occidentales que lleve a imponer embargos de armas y otros bienes y hasta sanciones internacionales. 

Netanyahu sabe que el 29 de mayo todo seguirá igual en Palestina, o peor, porque los muertos se siguen acumulando en Gaza y en Cisjordania, como respuesta a Madrid, Dublín y Oslo, se han anunciado nuevos asentamientos ilegales. Ya hay 600.000 israelíes residiendo en ellos, entre este territorio y el este de Jerusalén, según la ONU. Nadie sabe cuándo podrán concretarse detalles esenciales como las fronteras, los refugiados, la capitalidad de Jerusalén, la explotación de recursos naturales… No hay día después porque aún no hay día antes, no hay acuerdo y por tanto no hay estado formado. Lo que no resta para que Netanyahu se vea más aislado y replicado por quien hasta ahora no lo hacía. 

El día después en Gaza y el gabinete de crisis

Otro día después que debería ser más inmediato, el de Gaza sin Hamás, trae también de cabeza a Netanyahu. No hay plan, o está con hilvanes, y EEUU se lo reprocha constantemente. Hay que pensar qué pasa con la franja una vez que el partido-milicia quede anulado, si eso ocurre, porque ya van más de siete meses de ofensiva. 

A la presión de la Casa Blanca, sin éxito, se suma ahora la de Benny Gantz, exjefe de Estado Mayor, exministro de Defensa, exviceprimer ministro, líder del partido de centroderecha Unidad Nacional, que accedió junto a otros seis políticos de la oposición a sumarse al gabinete de guerra de Netanyahu, tras los ataques de Hamás. Las diferencias de opinión han estado claras desde el primer momento, intentando marcar distancias porque ambos serán los máximos oponentes en unas elecciones, lleguen cuando lleguen, pero digamos que se anteponía “el bien nacional”, decía Gantz. 

Ahora, el general se ha enfadado y ha planteado a Bibi un ultimátum: el primer ministro tiene hasta el 8 de junio para proponer un plan que cumpla con seis puntos irrenunciables o Gantz se irá del gabinete de emergencia. Entre las cosas que le reclama, más allá del obvio fin de Hamás, está la creación de una administración civil internacional en Gaza (con EEUU, Europa, países árabes y ANP), que asuma los asuntos del día a día mientras se sientan las bases de un Ejecutivo alternativo a Hamás, al mando en la franja desde 2007 tras ganar las elecciones. Israel mantendría “cierto grado de control en la seguridad”, hasta irlo soltando. 

Por supuesto, quiere la vuelta de los rehenes que quedan en Gaza, al igual que el regreso a casa de los gazatíes del norte desplazados hacia el sur y un plan de normalización de relaciones con Arabia Saudí, que estuvo casi a punto de lograrse justo antes del 7 de octubre. De inmediato, para ya, reclama una comisión de investigación interna para conocer la cadena de errores que permitió que aquellos atentados tuvieran lugar, cuando había avisos de inteligencia, de dentro y de fuera, de que iban a tener lugar. 

“Si bien los soldados israelíes están mostrando una valentía increíble en el frente, algunas de las personas que los enviaron a la batalla están actuando con cobardía y falta de responsabilidad”, denuncia Gantz. Y más. “Si anteponemos lo nacional a lo personal, encontraremos en nosotros socios en la lucha (…) Pero si eligen el camino de los fanáticos y conducen a toda la nación al abismo, nos veremos obligados a abandonar el Gobierno”.

Gantz tiene las encuestas a su favor. Si hoy hubiera elecciones, ganaría a Netanyahu, aunque cuanto más tiempo pasa a su lado en el gabinete especial, más se ve afectada su propia imagen. El Likud llegaba a perder, en enero, la mitad de sus escaños actuales. Hoy se espera que Gantz y sus aliados más moderados logren unos 64 escaños sumando (suficientes en una Knesset de 120 diputados), frente a los 51 del actual bloque de gobernabilidad, de Netanyahu y ultranacionalistas y religiosos. 

Es un hombre respetado en EEUU, con quien tuvo mucho trato en su época al mando de las IDF, y ahora se alinea con la Casa Blanca exigiendo planes de futuro. Su apuesta, por eso, es alta. “El pueblo de Israel lo está observando (…). “Hay que elegir entre sionismo y cinismo, entre unidad y facciones, entre responsabilidad y anarquía, entre victoria y desastre”, dijo en un tono casi de precampaña.

No es el primero que se le revuelve al primer ministro, porque pocos días antes el ministro de Defensa, Yoav Galant, instó a Netanyahu a declarar públicamente que Israel no tenía planes de asumir el gobierno civil y militar en Gaza. Galant dijo que había planteado el tema repetidamente durante meses pero no había recibido respuesta. Así pues, él y Gantz dicen que mantener el control militar en Gaza aumentaría los riesgos de seguridad de Israel, mientras que otros, incluidos miembros ultras del Ejecutivo, creen que es necesario un control continuo para derrotar a Hamás.

Cuando al ministro de Defensa le preguntan en público si confía en Netanyahu sólo dice: “Hablo de lo que soy responsable, del sistema de seguridad”. No avala a su jefe, con el que ha tenido varias peleas importantes. Primero, le sacó los colores por la polémica reforma judicial que durante meses sacó a las calles a los ciudadanos de Israel. Llegó a estar fuera del Gobierno y acabó volviendo, ya nunca se restableció la confianza entre ellos, pero estalló Gaza y no era el momento de que el titular de Defensa se fuera. Luego, Galantz ha hecho propuestas que han molestado al premier, como el despliegue de una fuerza de seguridad local palestina, que vetó de inmediato. 

En respuesta al discurso de Gantz, Netanyahu dijo que cumplir con esas demandas llevaría al “fin de la guerra” pero por “una derrota de Israel”, con “el abandono de la mayoría de los rehenes, dejar intacto a Hamás y el establecimiento de un Estado palestino”. Con Galant, más de lo mismo. 

El jefe del Estado Mayor del ejército del país, Herzi Halevi, también ha presionado en privado a Netanyahu sobre la necesidad de una estrategia del “día después”, según informes de varios medios israelíes. El regreso del ejército israelí a partes del norte de Gaza, como Jabalia, que previamente habían sido declaradas libres de Hamás, ha generado dudas sobre la estrategia del Gobierno para eliminar al grupo. Incluso han vuelto los lanzamientos de cohetes de la milicia contra poblaciones costeras de Israel. 

Estas informaciones afirman que Halevi argumentó que, en ausencia de un proceso diplomático para establecer un órgano de gobierno distinto de Hamás, los militares se verán obligados a lanzar repetidas campañas para mantener al grupo a raya. Un enorme coste en medios, efectivos y dinero. Gantz y Galant lo comparten, saben que si Tel Aviv tiene que hacerse cargo en lo civil y en lo militar de Gaza se verá como una plena invasión, una colonización total del territorio, lo que complicaría notablemente las relaciones con aliados como EEUU o Egipto.

Preocupa que Netanyahu sólo tenga en la cabeza acabar con Hamás a toda costa, pero no cómo afrontar el vacío de poder posterior y la reconstrucción o cómo acceder la ayuda humanitaria en Gaza (aunque el ministro de Defensa fue quien llamó “animales” a los gazatíes, abogando por dejarlo sin luz, alimentos y combustible, por lo que el fiscal de la CPI también pide su arresto). Temen que el primer ministro esté paralizado por temor a que sus planes no gusten a sus socios radicales y lo dejen caer, mientras los colonos a quienes apoyan ya están planeando dónde se van a hacer el chalet en Gaza cuando la dominen por completo. 

Lo único que se sabe sobre el futuro de Gaza es lo que Netanyahu reveló por primera vez en febrero. Prevé, como marco general, una franja desmilitarizada, cuya seguridad dependerá de Israel y en la que no exista la UNRWA, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, a varios de cuyos miembros han acusado (sin pruebas) de participar en los atentados de Hamás. En un documento presentado ante el gabinete de guerra, Netanyahu remarcó sus objetivos a corto plazo: destruir las capacidades militares y la infraestructura gubernamental tanto de Hamás como de la Yihad Islámica, liberar a los rehenes e impedir que Gaza vuelva a ser una amenaza.

Más a medio plazo, el mandatario anunció una franja donde Israel mantendrá la libertad de operaciones militares “sin límite de tiempo”, con un perímetro de seguridad en la divisoria y el control israelí de la frontera entre Gaza y Egipto para evitar la reaparición de “elementos terroristas en la Franja de Gaza”. Tel Aviv mantendrá el control de seguridad sobre Cisjordania y Gaza, mientras que en el enclave “habrá una desmilitarización completa”, mas allá de lo necesario para mantener el orden público.

Respecto a la administración civil y el orden público, estarían reguladas por funcionarios locales con experiencia administrativa, alejados de “países o entidades que apoyen el terrorismo y no recibirán pago de ellos”, dice el documento, que anuncia un “programa integral” de lo que llama desradicalización de las instituciones religiosas y educativas en el enclave, con la ayuda de otros países árabes. Ya se están buscando ONG con las que cooperar, pero no se encuentran fácilmente, por razones lógicas. 

Netanyahu suma problemas, con un 71% de ciudadanos que quiere que se vaya, un 42% lo pide para ya y el resto, para cuando acabe la guerra, según la televisión pública. El 44% de los israelíes reclama elecciones ya y hasta en EEUU, donde se crió y donde es muy apreciado, un 53% de los sondeados dice que ya no confían en él. Por ahora, pese a viento y marea, sigue al mando, el primer ministro más longevo de Israel, el más resistente y el más polémico.