La OPA sobre Naturgy ha descarrilado tras un informe en contra del Centro Nacional de Inteligencia recibido por Moncloa, que ha movilizado al Gobierno. Criteria comunicó por sorpresa poco después la suspensión de la operación conjunta con la compañía energética emiratí Taqa para tomar el control del 100% de la empresa española.
La transacción era clave para la reordenación del accionariado y para asegurar el control español de una compañía estratégica. El holding industrial de La Caixa seguirá buscando alternativas para consolidar el capital de la multinacional.
Algunos miembros del Gobierno, especialmente de la parte de Sumar, no veían con buenos ojos que, con la llegada de los emiratíes, una empresa estratégica como Naturgy quedara en manos extranjeras.
Consideraban que suponía la pérdida de la nacionalidad de otra energética, como ya sucedió con Endesa, y se han esforzado en la búsqueda de argumentos para convencer a Pedro Sánchez de que debía frenar la operación.
Sin embargo, según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes conocedoras de la operación, un informe del CNI recibido por el equipo económico de Presidencia del Gobierno ha resultado decisivo para bloquear la OPA.
El documento advierte de que es necesario garantizar el carácter estratégico de Naturgy “por seguridad nacional”.
Una seria advertencia a Moncloa que ha complicado enormemente a Sánchez cuadrar el círculo: aunar los intereses de los accionistas de la empresa, que se han mostrado favorables a la operación; evitar problemas de suministro; y no molestar a la vez a Marruecos, al inversor Abu Dhabi, pero tampoco a Argelia.
El Consejo de Seguridad Nacional, donde participa el CNI y representantes de varios ministerios, destaca en ese informe que la compañía que preside Francisco Reynés dispone de activos estratégicos claves para el suministro energético, como el gasoducto que une España y Argelia, por lo que dejarla en manos extranjeras lo consideran un “riesgo de país”.
Destaca a Naturgy como una empresa clave para la seguridad nacional, dadas las infraestructuras críticas que se encuentran bajo su control. España es un país dependiente energéticamente, por lo que el Gobierno debe asegurar en todo momento que el suministro no corra peligro.
Considera que proteger a las empresas que controlen las infraestructuras críticas es, en este sentido, esencial para el Ejecutivo.
El informe que ha elaborado el Departamento de Seguridad Nacional (DSN) de la Presidencia del Gobierno, un órgano de asesoramiento directo de Pedro Sánchez en materia de inteligencia y que dirige la general Loreto Gutiérrez Hurtado, insiste en que “el suministro energético es clave para un país como España, que depende para su abastecimiento en gran medida de zonas como África del Norte o el Golfo de Guinea”.
Concluye que es prioritario “garantizar el suministro de energía y asegurar su abastecimiento, de una forma sostenible medioambiental y económicamente, en un contexto de transición energética hacia un modelo más seguro y eficiente”.
El documento de los servicios de inteligencia económica, a cuyo contenido ha tenido acceso ECD, alerta específicamente a Moncloa del interés de Marruecos en la OPA de Abu Dabi sobre Naturgy, porque necesita garantizarse el gas de Argelia.
Rabat no pasa por alto que la encargada de suministrar la materia prima a España es precisamente Naturgy, que tiene un megacontrato de largo plazo con Sonatrach, la gasista estatal controlada por el gobierno argelino y es un socio estratégico de la empresa. En este momento, destaca el documento, la revisión del precio al que compra España el gas de Argelia lleva meses en revisión y aún no se ha cerrado.
Por si fuera poco, la compañía argelina es accionista de Naturgy, con un 4% del capital social. Su alianza abarca también la principal infraestructura de aprovisionamiento. Naturgy y Sonatrach comparten la propiedad al 50% de Medgaz, la tubería gasista que une Argelia y España para el suministro de esta materia prima a través del mar Mediterráneo.
Se tiene en cuenta que, en sentido estricto, España no está vendiendo gas a Marruecos. El papel de España se limita a recibir en sus plantas de regasificación los barcos con el gas que compra Rabat a cualquier país proveedor, y después lo envía hasta el país alauí a través del gasoducto de Tarifa (Cádiz).
Madrid ha estado, así, echando un capote a Rabat en plena crisis energética, mientras ambos países intensifican y tratan de reconducir sus relaciones bilaterales. La advertencia ahora de los servicios de inteligencia, en el informe remitido al equipo económico del Ejecutivo, es clara: “Resulta necesario garantizar a Marruecos que no le faltará gas”.
Fuentes de la cúpula económica del Gobierno, consultadas por ECD, han sido advertidas también de que tendrían que dar su autorización a la operación, sin que esta pusiera en peligro la seguridad de suministro nacional. Y ahí es donde se han centrado las advertencias del CNI.
El interés de Abu Dabi por Naturgy se produce en medio de un fuerte enfrentamiento diplomático entre el emirato y Argelia, un país del que España tiene una relación de gran dependencia energética. Una de los motivos de las hostilidades sería el apoyo de Abu Dabi a la marroquinidad del Sáhara.
Naturgy controla el 76,68% de la sociedad que construyó la infraestructura que trae a España el gas del Magreb (Metragaz), y el 77,2% de la que la explota, European-Magreb Pipeline (EMPL). En Medgaz, participa con el 49% en una sociedad junto con la compañía pública argelina Sonatrach, que tiene el otro 51%.
Sonatrach es el principal suministrador de la materia prima. El gas procedente de Argelia es más de un tercio de todo el gas que necesita España. Además de los gasoductos, Naturgy tiene más activos de ciclos combinados (centrales que producen electricidad a partir de gas). Cuenta con la mayor red de distribución de gas para particulares y empresas, y es la tercera en electricidad.
El informe de los servicios de inteligencia destaca a Moncloa de que el guiño a Marruecos contribuye a tensar más el choque diplomático entre España y Argelia, tras el cambio de posición del Gobierno de Pedro Sánchez sobre el Sáhara Occidental, respaldando las tesis marroquíes sobre la antigua colonia española.
Argel mantiene bloqueadas las relaciones comerciales con España, con el consiguiente golpe para las empresas que tenían el mercado argelino como destino exportador, y sólo ha dejado fuera del boicot sus ventas de gas.
Sin embargo, también ha llegado a amenazar con romper contratos de suministro de gas firmados con empresas españolas si detecta que parte del gas acaba siendo revendido a Marruecos, con el que ha roto relaciones diplomáticas también a cuenta del Sáhara.
El Ejecutivo español niega por completo que el gas argelino pueda ser redireccionado a Marruecos y tiene activado un plan especial para evitar tal posibilidad.
Según fuentes de los servicios de inteligencia, Argelia echa en cara a Abu Dhabi la relación tan estrecha que mantiene con su gran adversario, Marruecos, al que le habría financiado, por ejemplo, la adquisición de un sistema de ciberespionaje espionaje sustituto de Pegasus.
NSO, el fabricante de Pegasus, retiró a Rabat la licencia para explotarlo a finales de 2021 porque había hecho un uso indebido de ese ‘malware’.
Como es sabido, el presidente de Criteria, Isidro Fainé, encontró en Taqa un inversor dispuesto a comprar el 40% de Naturgy que poseen los fondos CVC y GIP, operación que obligaba a lanzar una OPA por el 100% en la que iba a participar el holding de La Caixa.
Ambas circunstancias, la gobernanza y el precio, han dado al traste con la operación. Por un lado, la emiratí pretendía tener un mayor peso en la gestión que Criteria pretendía mantener exclusivamente en manos de Francisco Reynés, tal y cómo le había impuesto Moncloa atendiendo a la advertencia en su informe de los servicios de inteligencia, según ha podido confirmar ECD.
Por otro lado, estos fondos de inversión, titulares del 40% del capital de Naturgy, habían elevado sus exigencias del precio de la operación hasta niveles que Taqa se ha negado a pagar.
Criteria buscó a Taqa como comprador precisamente para dar salida a CVC y GIP del accionariado, ya que ambos llevaban años tratando de vender. Pero el Gobierno sólo iba a permitir que la emiratí se quedara con el citado 40%; y como al superar el 30% la ley obliga a lanzar una OPA sobre el 100%, Criteria iba a asumir el exceso sobre ese 40% que acudiera a la oferta. De ahí el lanzamiento de la OPA conjunta y el plan de hacer una ampliación de capital posterior para dar liquidez al valor y no salir del Ibex.
Sin embargo, las condiciones que tenía que asumir la empresa de Abu Dabi -poner más dinero que Criteria, pagar un precio elevado, asumir una ampliación de capital posterior y no participar en la gestión- han provocado que se eche atrás.
Una OPA en la que participe La Caixa es la solución para Naturgy que viene impulsando Moncloa desde hace tres meses. Además, Criteria Caixa se muestra interesada en que la operación finalice con éxito para resolver la situación interna de Naturgy con la reordenación del capital y seguir controlando la misma.
Contar con el acompañamiento de Criteria en la operación emiratí en Naturgy, y lograr que el brazo inversor de La Caixa se mantenga como accionista de referencia de la gasista española, liberaba al Gobierno de tener que entrar en el capital de la energética, como sí ha hecho en Telefónica.
La Caixa es un socio cada vez más importante para el Gobierno. Ha subido su participación al 5% en Telefónica y comparten accionariado en CaixaBank. Además, estaría dispuesta a salir al rescate en la opa de Talgo, frente a los inversores húngaros.
Por otro lado, las relaciones entre directivos próximos al PSC y a La Caixa en compañías controladas por el Estado, como Indra, Aena y Renfe son cada vez más visibles. Por ello, negarle la solución que pretende en Naturgy, también le suponía un problema.
De hecho, con el fracaso ahora de la OPA sobre Naturgy por la retirada de Taqa, ha quedado en entredicho todo el acuerdo global alcanzado por Criteria y el Ejecutivo, o, al menos, tendrá que ser revisado.
Este ‘pacto’ inicialmente comprendía el visto bueno gubernamental a la operación de Naturgy a cambio de que Criteria buscara una alternativa a la OPA de la húngara Magyar Vagon sobre Talgo, bien una contraopa, o bien una OPA conjunta para mantener la “españolidad” de la empresa ferroviaria.
Posteriormente, se incluyó dentro de esta negociación la adquisición por parte de Criteria del 10% de Telefónica para “hacer pinza” con el 10% de la SEPI y contrarrestar la entrada de la saudí STC. Y Criteria consiguió el plácet gubernamental a otras compras como las de ACS y Colonial.
Sin duda, la presencia del Estado en Caixabank, donde coincide en el consejo de administración con la Fundación La Caixa, concede un marco de entendimiento al Gobierno con Criteria.
En cambio, CaixaBank se ha desprendido de momento ahora del 2,5% que tenía en Telefónica, algo que era de esperar para aglutinar toda la participación del 10% en Criteria, pero que ha sido interpretado por algunos analistas como un “aviso al Gobierno” a la luz de lo ocurrido en Naturgy. El holding que preside Isidro Fainé tampoco ha confirmado ahora que llegará al 10% de Telefónica.
Tras la retirada de Taqa, se abrían varias opciones: que Criteria lanzara la OPA en solitario, que alcanzara un acuerdo con IFM (el otro fondo presente en el capital de Naturgy con un 15%) o que buscara otros potenciales interesados. Finalmente, ésta última ha sido la opción elegida por el brazo inversor de La Caixa.
Fuentes financieras apuntan que Taqa se ha retirado finalmente de las negociaciones, debido a que en esta operación se sumaba, por un lado, el componente de compañía estratégica, con las reticencias gubernamentales y, por otro, un accionariado totalmente atascado.
Según las fuentes consultadas por ECD, la estrategia del Departamento de Seguridad Nacional de Presidencia del Gobierno incluye levantar un “escudo protector” en torno a las empresas estratégicas frente a determinadas operaciones de inversión extranjera de países con “ideas no afines”, como es el caso de Arabia Saudí, que pudieran amenazar la españolidad de su capital.
Así, bajo el principio general de la “autonomía estratégica abierta” que se ha impuesto en la Unión Europea, Moncloa avanza en una nueva política industrial que incluye ciertas dosis de proteccionismo que, por ejemplo, le ha llevado a decidir la vuelta del Estado al capital de Telefónica, 27 años después de la privatización definitiva de la operadora. El airado rechazo del ministro de Transportes, Oscar Puente, a la OPA lanzada sobre Talgo por la firma húngara Magyar Vagon, es otra muestra de ello.
El concepto de “autonomía estratégica abierta” tiene como prioridad fortalecer y asegurar las capacidades de producción internas de la UE, sobre todo en sectores considerados críticos.
El objetivo es asegurar que Europa y España puedan mantener su soberanía en decisiones estratégicas sin ser excesivamente vulnerables a presiones externas, como ya se recoge en el Informe Anual de Seguridad Nacional 2023.
“La política industrial de España refleja este cambio de paradigma que se orienta al equilibrio entre la apertura económica y la garantía de suministro de recursos esenciales y estratégicos como un reto a la Seguridad Nacional”, sostiene el informe.
“En 2023 se ha producido un aumento del interés de inversores internacionales en las empresas estratégicas nacionales”, advierte el Departamento de Seguridad Nacional, dependiente de Presidencia del Gobierno, como parte de las amenazas y riesgos para los intereses nacionales en materia económica y financiera.
Con el primer estado de alarma, aprobado en marzo de 2020, el Gobierno creó un escudo para evitar que inversores ajenos a la Unión Europea tomaran sin su consentimiento más del 10% del capital de una empresa considerada estratégica. El objetivo era que no sacaran partido del desplome de los precios en Bolsa. Esa potestad se mantiene vigente para compradores que no sean españoles.
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