La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) está bajo la sombra de la sospecha después de que Israel haya señalado que varios de sus empleados, supuestamente, habrían participado en los atentados de Hamás del pasado 7 de octubre. Su señalamiento consta en un informe poco preciso, conocido más por filtraciones a la prensa que por cauces oficiales, y ha provocado una reacción en cadena: hasta 16 países han anunciado ya que retiran su financiación de la organización, aún cuando la ONU ha abierto una investigación propia y ha despedido a los indagados.
La acusación israelí se conoció el mismo día en que la Corte Internacional de Justicia (CIJ), de la ONU, se declaraba competente para investigar la denuncia de Sudáfrica contra Tel Aviv por presunto genocidio y reclamaba al Gobierno de Benjamín Netanyahu que tome medidas contundentes e inmediatas para prevenir esa violación de derechos en Gaza, a la que ataca como represalia por los ataques de la milicia palestina. En apenas unas horas, el foco de la noticia ya había cambiado y estaba en la UNRWA y su personal.
Entre los que han anunciado que dejan de financiar a la agencia está Estados Unidos, que ponía hasta ahora prácticamente el 30% de su presupuesto total, de 1.174 millones de dólares el pasado año. Sumados, los que cierran el grifo dejarán de entregar más de la mitad de ese presupuesto total. En una organización que no tiene reservas financieras, eso supone que en febrero ya tendrá que recudir sus servicios por falta de fondos.
Por eso avisan de una catástrofe a la vista, aún mayor que la actual -más de 26.800 muertos, 66.000 heridos, dos millones de desplazados, 90% de la población en riesgo de hambre- y de una colectivización del castigo a toda una comunidad por unas personas que, aún, ni siquiera se sabe qué hicieron. “Los Gobiernos occidentales han suspendido los fondos a UNRWA debido a graves alegaciones contra 12 empleados. Los mismos Gobiernos no han suspendido los vínculos con el Estado cuyo ejército ha matado a 26.000 personas en Gaza (…) aunque la CIJ dijo que podría constituir un genocidio plausible. ¿Doble estándar? Sí, a lo grande”, ha escrito Francesca Albanese, relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en el territorio palestino.
Desplazados palestinos en la guerra de 1948, en una imagen de Naciones Unidas.
La Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, que es como se llama oficialmente este organismo, fue una de las primeras apuestas humanitarias de la ONU recién parida. En noviembre de 1947, Naciones Unidas decretó la partición de la Palestina que hasta entonces había estado colonizada por el Mandato Británico. Debían crearse dos estados, uno árabe y uno judío.
Tras el Holocausto y la persecución, Israel nació sobre una base legal, la primera vez que la ONU daba carta de naturaleza a un país, pero la población local entendió que era a costa de quitarle lo que era suyo. La contienda que ardió en 1948, tras la declaración del estado israelí y la batalla presentada por las naciones árabes vecinas, acabó expulsando a más de 700.000 palestinos de sus hogares. Es lo que los palestinos llaman la nakba, “catástrofe”. La “pérdida de la patria ancestral palestina causó la dispersión de una tercera parte del pueblo”, afirma la Autoridad Nacional Palestina (ANP).
Casi 500 aldeas y ciudades quedaron arrasadas, con la consiguiente confiscación de tierras, que pasaron a manos de Israel (logró anexionarse un 26% más de la tierra que le habían otorgado en el Consejo de Seguridad, esto es, un 80% del total). Otros 190.000 palestinos más se refugiaron en Gaza, bajo el control egipcio, y 280.000 se mantuvieron en Cisjordania, con el amparo de las autoridades jordanas.
Ante la crisis humanitaria de estos desplazados, se decidió crear la UNRWA, establecida por la Resolución 302 (IV) de la Asamblea General. Corría el 8 de diciembre de 1949. Su propósito era acometer programas de ayuda y obras directas para los refugiados palestinos. Asistir y proteger. La agencia inició sus operaciones el 1 de mayo de 1950.
El problema es que, a falta de una solución al problema de los refugiados palestinos y del conflicto palestino-israelí en general, la Asamblea ha ido renovando repetidamente su mandato, hasta hoy. Reconoce aún “la necesidad de la continuación del trabajo” de UNRWA y “la importancia de su funcionamiento sin trabas y de su prestación de servicios para el bienestar y el desarrollo humano de los refugiados y refugiadas de Palestina, así como para la estabilidad de la región”.
Y es que aquellos más de 700.000 exiliados son hoy, dos generaciones después, cerca de seis millones de refugiados, concentrados sobre todo en Jordania, Siria, Líbano y Palestina. Para la agencia, entran en esta denominación “las personas cuyo lugar normal de residencia fue Palestina durante el período comprendido entre el 1 de junio de 1946 y el 15 de mayo de 1948, y que perdieron tanto su hogar como sus medios de vida como resultado de ello” pero también sus descendientes.
En el mejor de los casos, Israel ha dicho en alguna ocasión, en el mejor de los climas, que aceptaría el retorno de 50.000 el día que llegue -si llega- un acuerdo de paz y una solución de dos estados. Naciones Unidas tiene reconocido el derecho al retorno de todos o, en su defecto, una compensación, algo reconocido en sucesivas resoluciones.
Mientras eso llega, UNRWA lleva más siete décadas proporcionando ayuda humanitaria con su fondo de emergencias a la población refugiada de Palestina. Actualmente gestiona más de 700 escuelas en las que se forman a más de medio millón de estudiantes en todo Oriente Próximo -el suyo es uno de los sistemas educativos más grandes de Oriente Medio-, atiende 145 centros de Salud Primaria -que atienden a tres millones de personas anuales- y 60 centros sociales y de formación para mujeres. En Gaza, el 80% de la población de Gaza depende de la ayuda de emergencia de UNRWA y el 59% está clasificada como población en situación de inseguridad alimentaria, gente a la que se ayuda con comida, con vivienda adecuada o con subsidios directos, incluso.
Escuela de la UNRWA en Rafah, el pasado 16 de enero. Ahora sirve como refugio a los gazatíes que han llegado desde el norte.
Desde su creación, la UNRWA se ha encargado de proporcionar educación, sanidad, alimentos, servicios sociales y ayuda humanitaria a los refugiados de Palestina, dentro y fuera de los territorios ocupados. Cuenta con más de 1.000 instalaciones, entre las que se encuentran escuelas, clínicas y centros para mujeres y discapacitados; lo mismo mantiene las infraestructuras y la mejora de los campamentos que ayuda en microfinanciación de proyectos y en alimentos.
Da empleo a más de 30.000 trabajadores, de los que casi el 100% son refugiados. No es extraño el comentario de que sus compromisos políticos se quedan en casa, porque trabajando para la ONU no deben participar en protestas o movilizaciones como otros de sus vecinos. Unos 1.300 de ellos están en la franja de Gaza, donde ahora Israel ha puesto su dedo acusador, y donde antes de esta guerra el 80% de su población ya necesitaba asistencia humanitaria para subsistir. De hecho, los cálculos de la ONU eran que en 2020 Gaza ya sería “inhabitable”.
Su financiación depende de las contribuciones voluntarias de los Estados miembros de la ONU, aunque realmente tira como puede porque nunca alcanza a cubrir el óptimo que se plantea como meta anual: lleva una década sin recibir los fondos necesarios, un mal que se extiende a todas las emergencias de la organización internacional y que ha llevado a que este año, prácticamente, sólo se pidan fondos para salvar vidas, no para mejorarlas. En 2023, la UNRWA acumulaba una deuda de 70 millones de euros, según sus propios datos.
También recibe cierta financiación del presupuesto ordinario de las Naciones Unidas, que se utiliza principalmente para cubrir los gastos de personal internacional.
Sacos con grano de la UNRWA en Rafah (Gaza), el pasado 28 de enero.
Las acusaciones contra personal de la UNRWA no han llegado desde entro de la organización, sino desde fuera, de Israel. Sostiene su Gobierno que al menos 12 de sus empleados tienen relación con los ataques de Hamás que dejaron 1.200 muertos en su territorio, más 250 secuestrados que fueron llevados a la franja de Gaza.
El informe en el que está la denuncia se ha entregado a Estados Unidos, el gran aliado de Tel Aviv, y ha siso así, vía Washington y la prensa norteamericana, que se han ido conociendo sus detalles. Se trata de acusaciones poco concretas o detalladas, de las que no se aportan pruebas por el momento. Se trataría de personas que han estado en contacto con Hamás y, también, de trabajadores que han celebrado públicamente los atentados de aquel sábado negro.
Según ha publicado The New York Times, el diario que más detalles aporta, entre los señalados habría un padre que, junto a su hijo, secuestró a una mujer, otro que repartió municiones y ayudó con vehículos a los milicianos y uno más que participó directamente en el asedio a un kibbutz. Estados Unidos no ha podido verificar aún estas acusaciones y la ONU, según su secretario general, Antonio Guterres, ya ha rescindido el contrato de nueve de los afectados; dos más están muertos y el último es un caso aún por cerrar porque hay varias personas en la plantilla con el mismo nombre.
El citado medio señala que Israel tiene material de Inteligencia que sitúa a los trabajadores de UNRWA en lugares sospechosos y que cuenta con mensajes también: en uno se le pide a uno de ellos que acuda a un lugar y lleve granadas, por ejemplo, y hay detalles de que otro afectado pudo trasladar el cuerpo de un soldado israelí. Al menos siete de los despedidos e investigados serían profesores, de materias como Árabe y Matemáticas, pero también hay trabajadores sociales o empleados de almacén.
“El problema de la UNRWA no son sólo unas pocas manzanas podridas involucradas en la masacre del 7 de octubre -dijo también un alto funcionario del Gobierno israelí a The Wall Street Journal-. Es la institución en su conjunto la que es un refugio para la ideología radical de Hamás”. Este medio ha tenido acceso también a parte del informe en el que Tel Aviv basa su denuncia, en la que se expone que el 23% de los empleados varones de UNRWA tienen vínculos con Hamas, “un porcentaje más alto que el promedio del 15% calculado para los hombres adultos en Gaza, lo que indica una mayor politización de la agencia que la de la población en general”.
Añade que casi la mitad de todos los empleados, un 49%, también tiene parientes cercanos con vínculos oficiales con las diversas milicias palestinas, especialmente Hamás, según la información de la Inteligencia israelí entregada a estos medios, no expuesta públicamente en comparecencias oficiales.
Para el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, “ha llegado el momento de que la comunidad internacional y la propia ONU entiendan que la misión de la UNRWA debe terminar”, directamente. A su entender, “Hamás se ha infiltrado en las filas de la UNRWA. La organización trabaja al servicio de Hamás, en sus escuelas y en otros lugares. La UNRWA busca preservar la cuestión de los refugiados palestinos”. “No es una organización destacada cuando se trata de Israel, pues a menudo es increíblemente parcial”, concluye.
Guterres se ha mostrado “horrorizado” por las acusaciones y ha abierto una investigación al más alto nivel en la ONU, a cargo de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna (OSSI). También se ha anunciado una auditoría para mejorar el funcionamiento de dicha oficina “para el cumplimiento estricto de los principios humanitarios por parte de todo su personal”. La UNRWA ha emitido un comunicado en el que informa de que todos los años comparte los datos de sus empleados con los países donantes, también con Israel, y “nunca se recibió ninguna preocupación sobre miembros específicos de su personal”. La agencia no tiene información de Inteligencia, pero Israel sí y ya desde antes del 7 de octubre controlaba Gaza por tierra, mar y aire.
La colaboración de la ONU ha sido clara, desde el primer momento, pero lamenta la falta de información de que dispone por ahora. También, el hecho de que sin una investigación seria se esté ya recurriendo a cortar las ayudas a la agencia, cuando más lo necesita. UNRWA insiste en que los recortes “amenazan el trabajo humanitario” sobre el terreno, especialmente en Gaza, por lo que se dice “impactada” por tantas puertas cerradas, de golpe. Se corre el riesgo de que la organización pueda “colapsar en cualquier momento” por falta de financiación.
Philippe Lazzarini, el suizo-italiano comisionado de la UNRWA, ha tildado de “escandalosas” las acusaciones pero ha insistido en que si hay delito el personal tiene que “rendir cuentas”, incluso por lo penal. Su investigación será “urgente y rápida”, promete. Aún así, entiende que sería “inmensamente irresponsable sancionar” a toda una agencia y a la comunidad palestina cuando “la vida de la gente de Gaza depende de ese apoyo, como la estabilidad regional”.
Como explica en sus publicaciones oficiales, el mandato de UNRWA es “asistir y proteger a las personas refugiadas de Palestina y la neutralidad es esencial para poder cumplirlo, ya que garantiza la confianza de todas las partes en la Agencia y en su personal”. “Por neutralidad se entiende que, independientemente de sus creencias y opiniones, los agentes humanitarios no deben tomar partido en las hostilidades ni participar en controversias de carácter político, racial, religioso o ideológico”, indica. Cita expresamente que “la participación de un funcionario en un grupo militante o en actividades terroristas constituiría una grave infracción del Estatuto y el Reglamento del Personal de UNRWA y daría lugar a su destitución”. Es lo que se ha hecho, aún a la espera de conclusiones.
Estados Unidos, su principal donante, dijo el martes que no excluye reanudar su financiación de la agencia pero exige “cambios fundamentales” en su funcionamiento, según su embajadora ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, tras una reunión del Consejo de Seguridad. La Unión Europea se mantiene firme y no da marcha atrás en las ayudas, aunque también ha reclamado transparencia a Naciones Unidas. España es de los países que con más firmeza se ha plantado ante la ola de suspensiones, incomodando incluso a Israel.
“No modificaremos nuestra relación con UNRWA aunque seguimos de cerca la investigación interna y el resultado que pueda arrojar por lo actos de una decena de personas de las alrededor de 30.000” que trabajan para esta agencia de la ONU, dijo el ministro de Exteriores, José Manuel Albares. El titular israelí de la Diáspora, Amichai Chikli, dijo más tarde que su país está “extremadamente decepcionado” por la actitud de Madrid. “El Gobierno español está jugando un papel muy negativo hasta ahora”, denunció.
La prensa israelí ya había publicado en diciembre un plan de Israel para vincular a la UNRWA a Hamás, independientemente de los 12 casos que han salido a la luz. El diario Times of Israel publicó el 29 de ese mes un informe del Ministerio de Exteriores que planteaba varias fases de ataque a la agencia de la ONU, para desdibujarla hasta borrarla en el futuro de una Gaza sin Hamás que es su meta.
De inicio, se plantearía un “informe exhaustivo” sobre la supuesta colaboración de la UNRWA con el Movimiento de Resistencia Islámico y su “implicación” con los milicianos. Poco a poco, se irían reduciendo las operaciones de la agencia en la franja palestina y se buscaría a otra ONG u organización para hacerse cargo de “la educación y el bienestar” de los gazatíes para, al fin, lograr que “todas sus funciones sean transferidas al organismo que gobierne Gaza tras la guerra”; nadie sabe quién estará al mando, porque Israel ahora mismo rechaza incluso que sea la Autoridad Nacional Palestina. Dicen las leyes de la guerra que una fuerza ocupante tiene que encargarse de los ocupados, por lo que sería tarea de Israel si sigue con botas sobre el terreno.
En el mismo informe, Exteriores de Israel constata que el propio Washington aún considera que el organismo al que ahora ha cortado fondos es “un actor positivo en los esfuerzos humanitarios de la franja”. Ahora da el paso por razones geopolíticas, como los demás estados que se han sumado al bloqueo, porque lo entiende favorable a su aliado israelí. Ya en 2018, con Donald Trump en la presidencia, se llevó a cabo otro recorte que dejó a la agencia temblando. El republicano lo justificó alegando que había que hacer “reformas” en la agencia y en que EEUU no podía estar siempre dando dinero sin que arrimaran el hombro otros países “adinerados”. Joe Biden reactivó las ayudas en 2021.
Un grupo de niños refugiados recuerdan la Nakba en un campo de Sidón (Líbano), en mayo de 2014.
Las acusaciones a la ONU en general y a la UNRWA en particular vienen de largo. Tel Aviv se ha quejado de supuestos aleccionamientos “terroristas” en sus escuelas o de excesiva cooperación con Hamás, que es la autoridad en Gaza desde que ganó las elecciones y empezó a gobernar en 2007.
Entiende también que su estructura ayuda a perpetuar el conflicto con los palestinos, sobre todo porque reconoce como refugiados a todos los descendientes de los más de 700.000 palestinos desplazados por la Nakba. Eso no ocurre en otros conflictos, al igual que no hay agencias específicas para refugiados de una zona y, menos, de tan larga vida, pero es que este conflicto es diferente a otros y los palestinos tienen reconocido plenamente su derecho al retorno.
Lo que denuncian las autoridades palestinas es que Israel busca desde hace tiempo desacreditar a la UNRWA precisamente porque su objetivo es que esos refugiados reconocidos nunca puedan retornar a Palestina, pese al aval a ese derecho por parte de la ONU.
Como explica Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), “el punto está muy claro: se llama refugiados”. “Israel lleva desarrollando una estrategia desde hace mucho tiempo que busca es eliminar a la agencia porque visibiliza la existencia de seis millones de refugiados, seis millones de personas a las que Israel no concede derecho de retorno, sabiendo que si pudieran retornar, no hacen falta que sean todos, con que retorne un millón de personas, nos encontraríamos ya con que dentro de la Palestina histórica, es decir, entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, los judíos pasarían a ser minoría desde el punto de vista demográfico”. Para el analista, si Israel “aspira a dominar todo ese territorio, tendría un problema enorme porque supondría el colapso del sueño sionista”. Ya hay un 20% de la población israelí que es de origen árabe y se estima que hay más de cuatro millones de palestinos en los territorios ocupados.
A su entender, eso explica el intento de Netanyahu, con ayuda de EEUU, de “redefinir” el concepto de refugiado palestino, limitándolo a los 700.000 expulsados en 1948, de los que se calcula que quedan vivos unos 400.000. Nada que ver con los seis millones. “Diluirían completamente la existencia de esa población”, señala. Además, se añade a esto la intención israelí de “poner obstáculos” incluso legales a la UNRWA y a otras ONG, incluso locales, perseguidas en los últimos años. Algunas de ellas han sido incluso calificadas de “terroristas”.
Ahora está por ver en qué quedan las denuncias y las investigaciones abiertas pero, de momento, la UNRWA patalea desesperada para que se sepa qué hace y la importancia, vital, que eso tiene.
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