El lío de la Federación Española de Taekwondo explicado en cinco capítulos | Relevo
El taekwondo español está un poco más de cerca de poner punto final a su años más turbulentos. La Audiencia Provincial de Alicante ha desestimado el recurso del presidente de la Federación, Jesús Castellanos, y otros directivos, que tendrán que sentarse en el banquillo para responder por presuntos delitos de fraude de subvenciones, falsedad documental y administración desleal.
Es el penúltimo episodio de una historia que se remonta a hace más de una década, cuando se produjeron los hechos que se denunciaron por primera vez en 2015 y que no serán enjuiciados, como pronto, hasta este 2024. El siguiente paso es conocer la fecha de celebración del juicio.
Por el camino, una instrucción interminable ―que ha perjudicado a todas las partes, acusados incluidos―, irregularidades electorales, decisiones cuestionables con algunos deportistas y una sensación de indefensión entre los opositores a Castellanos, presidente desde 2005. Repasamos todo lo que ha pasado en el taekwondo, uno de los deportes más exitosos del olimpismo español.
1. Taekwondistas referentes expulsados
El 28 de febrero de 2021 Joel González, taekwondista con mayor éxito de la historia de España, denunció ciertas irregularidades en la constitución de la asamblea de la Real Federación Española de Taekwondo (RFET) que daba paso a sus elecciones presidenciales. Poco después, el 19 de abril de ese mismo año, recibía un mensaje de texto, vía whatsapp, que le expulsaba del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de San Cugat, lugar de entrenamiento y residencia del taekwondista, donde se gestaron su oro y su bronce olímpico, así como los bicampeonatos mundiales y europeos. González señaló que aquello era una represalia por su denuncia y por su apoyo a la oposición del presidente Jesús Castellanos.
En mayo, la RFET comunicó a Jesús Tortosa Cabrera, campeón de España en aquel momento, que no iría a los JJ.OO. de Tokio. Sí acudiría su compañero Adrián Vicente, a pesar de que en la clasificación olímpica (-54 y -58kg) Tortosa era cuarto y Adrián 11º, y en el ranking mundial (-58kg), Tortosa era segundo y Vicente, 20º. Tanto él como su padre, el extaekwondista y entrenador Jesús Tortosa Alameda, acusaron a la Federación de haber actuado así como respuesta a los enfrentamientos del padre con el organismo.
“Es obvio y todo el mundo sabe que mi hijo fue perjudicado por un juicio que le gané a la Federación en 2019 por despido improcedente, y por haber apoyado públicamente al candidato opositor a Castellanos ―en las elecciones en las que Joel González puso el foco―, y por haberme personado como acusación particular como perjudicado por no recibir mi parte proporcional de beca ADO”, cuenta Jesús Tortosa Alameda a Relevo. Su hijo, apartado del taekwondo de competición, no ha querido hacer declaraciones.
En cambio, Eugenio Granjo, miembro de la Junta Directiva de la Federación Valenciana de Taekwondo y cara visible de la lucha contra la cúpula actual de la RFET a través de la Plataforma de Asociaciones de Clubes de Taekwondo, sí se pronuncia. “Lo de Jesús Tortosa Cabrera fue la mayor infamia de la historia del taekwondo español” ―y añade― “uno de los técnicos que participaron en la decisión de no llevarle me confirmó que la eliminación de Jesús fue por represalias, pero que él no podía hacer nada para evitarlo se jugaba el puesto”, explica Granjo a Relevo.
2. Elecciones manchadas
En los Juegos Olímpicos de Tokio, Adrián Vicente cayó eliminado en cuartos de final. La única medalla que consiguió la delegación española fue la plata de Adriana Cerezo. Precisamente, en esa misma semana de julio de 2021, el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) decidió abrir expediente disciplinario a varios directivos de la RFET por vulnerar el deber de neutralidad en el proceso electoral en el que fue reelegido Castellanos.
Eugenio Granjo fue el primero en poner el foco en la Federación: estimaba en más de 500 los votos por correo perdidos, entre los que se encontraban los de Joel González. Asimismo, denunciaba que el apartado de correos para recibir los votos estaba bajo el control del presidente de la Federación Catalana. Según el expediente de la resolución del CSD, se habría intervenido en las solicitudes de voto por correo e inducido el voto de los electores a través de la influencia de los entrenadores e incluso con mensajes de whatsapp, además de proceder a la aprobación de varios acuerdos con fines electoralistas. El TAD impuso al presidente y varios directivos una sanción de cuatro meses de inhabilitación que fue confirmada por la Audiencia Nacional en enero de 2023.
3. La Fiscalía pide 10 años de prisión
El 25 de octubre de 2022, la Fiscalía solicitó 10 años y 6 meses de prisión para el presidente de la Federación, el exgerente Miguel Pérez Otín y José María Pujadas, secretario general de la entidad, por presuntos delitos de fraude en subvenciones, falsedad documental o administración desleal sucedidas en un periodo que abarca de 2009 a 2016. También pidió dos años de prisión para la actual gerente, Alicia Sancho, y un año y nueve meses para Victorino Pizarro, expresidente de la Federación Valenciana.
Además, se pidió una indemnización de 664.727 euros al CSD y otra a la RFET de más de 400.000 euros. Se ponía en el foco un enorme entramado en el que supuestamente se derrochaba dinero público alterando documentos y contabilidad, en pos de asegurar a sus máximos responsables sobresueldos irregulares. Desde viajes con destinos falsos, pasando por duplicidad de billetes, dietas ficticias, servicios inexistentes como el de psicología… pasando por indemnizaciones a altos cargos atribuyéndoles la categoría de técnico para poder sufragarlas con dinero público. Parte de la remuneración del cargo de presidente también se hacía a través de subvenciones y no de los fondos de la propia Federación como marca la ley.
En varios informes incorporados a la instrucción del caso, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía determinó que la cúpula de la RFET cobró ilegalmente casi 700.000 euros en subvenciones.
4. Los intentos del CSD de esclarecer lo que ocurría en la RFET
El TAD, a instancias del CSD, había incoado un procedimiento sancionador contra la cúpula de la Federación de Taekwondo “por incorrecta utilización de fondos privados o de las subvenciones, créditos, avales y demás ayudas del Estado”. Un procedimiento suspendido todavía hoy al “existir identidad de sujeto, hechos y fundamentos entre la infracción administrativa de la que es expedientado el presunto responsable y los delitos que se le imputan hasta tanto recaiga resolución judicial”, tal y como explicaron a Relevo fuentes del CSD.
Todo comenzó en 2015, cuando Eugenio Granjo denunció ante la Fiscalía Anticorrupción una serie de irregularidades económicas detectadas desde 2013: supuestamente, “no incluir ingresos de taquillas y no reflejar correctamente ingresos por patrocinios como el de Marina D’Or”. Castellanos llegó a ser detenido en 2016 y tuvo que comparecer ante la UDEF: aludió “errores administrativos”.
En 2017, el CSD se reunió para tratar la suspensión cautelar del presidente: en aquella mesa estaba el propio Castellanos (que se ausentó cuando se trató su suspensión), ya que era uno de los vocales de la Comisión Directiva del órgano ―y de los que inhabilitaron a Ángel María Villar de la RFEF por similares circunstancias―. Nada sucedió entonces, el CSD decidió esperar una resolución judicial que no llegaba y unos meses después fue reelegido en el puesto en otras elecciones cuestionadas por el TAD. Asegura Granjo que se conocen irregularidades desde 2005, año en que Castellanos ganó las elecciones por primera vez, pero ya han prescrito.
Ante las preguntas de Relevo, la RFET no ha querido manifestarse sobre ninguno de estos puntos hasta que se celebre el juicio. Hasta ahora, la cúpula permanece en el cargo. El CSD se encuentra a la espera de que los procedimientos administrativos o penales se resuelvan definitivamente para proceder a depurar responsabilidades. Pero recuerda que nuestro ordenamiento jurídico rige el principio de presunción de inocencia. “En el momento en el que se produzcan los correspondientes pronunciamientos en sede judicial y, en su caso, en vía administrativa, se podrán adoptar las medidas que dichos pronunciamientos establezcan, explican fuentes del CSD.
Sin embargo, el colectivo del taekwondo español se encuentra preocupado por las repercusiones que todo esto pueda tener en su Federación y en sus deportistas. No solo en clave de imagen, sino también respecto a su solvencia económica. “Se les permite seguir en los cargos, utilizar los fondos federativos para su defensa jurídica y seguir cobrando sueldos de casi 100.000€ y utilizar todos los órganos federativos para causar un perjuicio gravísimo e irreparable a los denunciantes y oponentes políticos”, asevera Granjo, quien está preocupado ante la posibilidad de que las indemnizaciones para el CSD y la RFET puedan pagarlas la propia Federación por decisión de esta directiva, “lo que causaría un perjuicio económico gravísimo para una federación cuyo presupuesto anual se sostienen con un 80% de subvenciones.
Ese temor no está infundado: hace unos meses, la propia RFET ha renunciado a una posible indemnización futura que pudiera corresponderle.
5. Bonus track: representar a España y pagar por ello
Mientras que el uso del dinero público por parte de la Federación estaba en tela de juicio por, supuestamente, invertirse en sueldos de directivos o falsearse gastos deportivos, el mismo ente pediría a los deportistas que asumieran los gastos de su participación en competiciones internacionales: inscripciones en competiciones, dietas, alojamiento… e incluso las equipaciones oficiales del equipo español. Así lo sostiene Granjo: “Es algo que viene ocurriendo desde hace muchos años, al principio decían que era debido a la crisis, aunque al parecer a los sueldos de los directivos no les afectaba tal crisis, pero todavía hoy continúan haciendo lo mismo, sobre todo a los deportistas de técnica y de combate en las categorías cadete y junior, que les obligan incluso a comprarse el equipo de España”. Para documentarlo, Granjo enseña a Relevo una circular de octubre de 2021 en el que se pide a varios taekwondistas que iban a participar en el Campeonato de Europa POOMSAE 2021 en Portugal que paguen el hotel y la inscripción.
En resumen, la RFET obligaría a los deportistas a sufragarse los gastos por participar en torneos internacionales representando a España con la excusa de la crisis. Entretanto, los directivos percibirían sueldos elevados gracias a facturas falsas entregadas al CSD de los gastos que supuestamente conllevaban para la RFET esas participaciones de los deportistas en los torneos que debían pagarse con las subvenciones.
El sexto capítulo de esta historia será el juicio en el que se deberá dilucidar si la gestión de la cúpula federativa merece el castigo penal o, por el contrario, los indicios destapados durante la investigación no son suficientes y tanto Castellanos como el resto de directivos salen absueltos. Ese juicio pondrá el broche a una década de noticias ominosas extradeportivas que chocan frontalmente con un deporte que ha dado grandes alegrías a España en la historia de los Juegos Olímpicos: de un total de 7 medallas, seis de ellas durante el largo mandato de Jesús Castellanos.
